En las oficinas de extranjería de España se acumulan expedientes cuya tramitación excede con frecuencia los plazos legalmente establecidos, generando un cuello de botella administrativo que impacta directamente en el ejercicio de derechos básicos y en la capacidad de integración de la población migrante. Estas demoras, que en muchos casos superan los seis meses para la concesión o renovación de autorizaciones de residencia y trabajo, no responden únicamente a un retraso burocrático sino a un fallo estructural del sistema de gestión de flujos migratorios.

Lo que a simple vista puede parecer un retraso sin mayores consecuencias, tiene un gran impacto en la vida cotidiana, empezando por el bloqueo del acceso al empleo formal: sin autorización vigente, las personas migrantes no pueden ser dadas de alta en la Seguridad Social ni firmar contratos laborales reconocidos, lo que perpetúa la temporalidad y la precariedad salarial. A su vez, esto limita el acceso a servicios financieros, pues la falta de un permiso de residencia válido impide la apertura de cuentas bancarias, la obtención de tarjetas de crédito y la solicitud de préstamos. Si bien algunas entidades permiten crear cuentas bancarias solamente con el pasaporte, todo el dinero ingresado en esa cuenta deberá ser justificable ante Hacienda, lo cual no es posible si el origen de dicho dinero está en un empleo no regulado. 

El no poder tener una cuenta bancaria afecta, a su vez, al acceso a la vivienda: incluso en los casos en los que no se pide un permiso de residencia vigente (requisito estándar en los contratos de arrendamiento), sin una cuenta bancaria no se pueden domiciliar recibos. El conjunto de todas estas situaciones hace que muchas personas migrantes recurran a alojamientos temporales o informales y empleos de economía sumergida con pagos en metálicos. 

En paralelo, también existen restricciones en el acceso a la educación y la salud: sin permiso actualizado, se dificulta la matriculación en centros de formación reglada para mayores de edad y, en algunos casos, el acceso a prestaciones sanitarias no urgentes. Por ejemplo, una persona mayor de dieciocho años en situación administrativa irregular no puede matricularse en ciclos formativos de Formación Profesional (FP) o en la Universidad. Sin un permiso actualizado, la oficina de registro académico no puede formalizar la matrícula porque no consta la legalidad de la estancia. 

En cuanto a la Sanidad, la Orden de 12 de septiembre de 2012 (que regula la asistencia sanitaria de extranjeros) establece que las personas en situación irregular solo tienen garantizada la asistencia sanitaria urgente, la relacionada con salud pública (por ejemplo, vacunaciones) y la atención a menores. Cualquier prestación no urgente (consultas de especialistas, intervenciones programadas, tratamientos prolongados) puede ser denegada si no cuentan con un permiso de residencia que les habilite como aseguradas o beneficiarias.